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A los 70 años del Instituto de Derecho Público de la UCV

En toda sociedad democrática, o que al menos tenga aspiración a serlo, es necesario que algunas instituciones y personas se dediquen a la reflexión sobre el Estado y los ciudadanos y las relaciones, tensas muchas veces, que se establecen entre el Poder y las personas.

Una de las instituciones fundamentales de la vida académica venezolana, en la que se ha estudiado al Estado venezolano, ha sido el Instituto de Derecho Público de la Universidad Central de Venezuela. Este año cumple 70 años de su fundación. Vale la pena conocer la historia del Instituto y celebrar su nuevo aniversario, precisamente hoy, cuando la situación de la Universidad venezolana y de sus profesores es tan precaria, como ha quedado gráficamente relatado aquí en Prodavinci en el especial Soy una profesora en Venezuela.

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Realidad y neolengua de la injusticia

No hace falta invertir muchas palabras para dejar aclarado que en Venezuela no hay justicia y, como dice san Agustín, estamos en la tierra propicia para la bandas del crimen.

La violencia está a la orden del día, la impunidad es la regla, los órganos de administración de justicia se encuentran marginados y presionados por quienes ejercen el poder. A pesar de todo ello, se pretende mantener una “apariencia de legalidad” que confirma el autoritarismo, la anomia y el caos del sistema que tiene a su cargo resolver los conflictos societarios.

Por lo demás, el lenguaje oficial se ha empeñado en acuñar términos que pretenden cambiar las cosas o suministrar una imagen falsa del horror de la injusticia penal venezolana.

 

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¿Enfrentamientos?

La noticia de los “enfrentamientos” se ha vuelto rutinaria, pero resulta un hecho gravísimo, expresivo de la acción de la “autoridad” contra supuestas bandas criminales o jefes señalados como autores de hechos punibles, en particular con víctimas pertenecientes a los cuerpos policiales que, en la tarea emprendida con todo el despliegue del aparato represivo, para hacer seguimiento o ubicar a determinados sujetos, identificados con un alias, sencillamente, ante una supuesta fuga o un “enfrentamiento”, disparan sobre los sospechosos o les “dan de baja”, sin averiguación sobre esas muertes que, en definitiva, resultan justificadas porque “se ha contribuido al exterminio de peligrosos delincuentes”. Así lo ha señalado con toda claridad el Observatorio Venezolano de la Violencia.

Venezuela fue el primer país del mundo en abolir la pena de muerte en 1863, la Constitución vigente declara inviolable la vida y ninguna persona podrá establecerla, ni autoridad alguna aplicarla (art. 43), pero todo esto parece retórica vacía ante acciones que resultan impunes, sepultadas en expedientes archivados.

 

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Solidaridad venezolana

En estos días aciagos de una Venezuela deprimida y atribulada, asediado el pueblo por las carencias de alimentos y medicinas, acosada la ciudadanía por la inseguridad, comprometida la esperanza de la comunidad ante la perspectiva de un futuro incierto de mayores penurias, separadas las familias por la partida de los hijos en busca de mejores condiciones de vida y, sobre todo, afectados en nuestra dignidad ante el descaro de la compra de conciencias y el chantaje constituido en arma para doblegar a la población, se han hecho manifiestas las señales más positivas del verdadero sentir venezolano.

Es cierto que en estos años hemos sido testigos de las muestras de un odio que nos es ajeno y no son infrecuentes las manifestaciones de retaliación y venganza que se apoderan de nuestro espíritu, pero no es menos cierto que nos quedamos sorprendidos ante la respuesta que se va generalizando de la generosidad y solidaridad de nuestro pueblo para contribuir al alivio de las necesidades de nuestros hermanos.

 

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