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¿Presos sin proceso?

En la más reciente jornada penitenciaria organizada por el Observatorio Venezolano de Prisiones, con motivo del Día del Recluso, del centenario de Nelson Mandela y aniversario de sus reglas, Marino Alvarado, uno de los ponentes, experto en penitenciarismo, defensor de los derechos humanos y, en particular, en incansable lucha por los encarcelados, añadió a las menciones conocidas de los procesados presos y condenados en prisión, la difusa categoría de los presos sin proceso, esto es, la de ciudadanos aprehendidos y que se encuentran “retenidos” en organismos de seguridad sin ser presentados ante la Fiscalía y tribunales, simplemente, por la decisión arbitraria de funcionarios que actúan al margen de la ley y que, por supuesto, incurren en el delito de privación de libertad con abuso de funciones.

En el pasado, ya no tan reciente, se hacía referencia a los atropellos de cuerpos policiales que practicaban detenciones arbitrarias y que luego, declarado con lugar un habeas corpus y otorgada de inmediato la libertad, se consideraba procedente el enjuiciamiento de los funcionarios. Este era, por lo demás, el firme y reiterado criterio de la Fiscalía General, en la cual, su consultor jurídico por años, el respetado doctor Esteban Agudo Freites, había sentado tan rigurosa y acertada doctrina, seguida institucionalmente por el Ministerio Público.

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El Ministerio Público y la Acción Penal

Entre las atribuciones del Ministerio Público está velar por el respeto a los derechos humanos, ser el garante de la legalidad y ejercer la titularidad de la acción penal, tal como lo postula el artículo 282 de la Constitución de Venezuela.

La titularidad de la acción penal en los delitos de acción pública corresponde a la Fiscalía, tal como lo señalan el artículo 11 del Código Orgánico Procesal Penal y el artículo 285 de la Constitución (ordinal 4).  Esto adquiere relevancia, porque en los actuales momentos esta titularidad es perturbada por instituciones ajenas a esta materia, como la Procuraduría General de la República Lo mismo ocurre con los venezolanos aprehendidos por los órganos de seguridad del Estado como el Sebin, órganos de seguridad del Estado están usurpando funciones que corresponden al Ministerio Público y, con ello, violan la Constitución y el COPP,

Para consolidar esta situación inconstitucional, aparece la utilización de la justicia penal militar para enjuiciar a civiles que protestan pacíficamente. La justicia militar queda reservada únicamente a los militares en funciones, Privar de libertad a un civil al amparo de un juicio militar equivale a detención arbitraria., lo que es característico de dictaduras.

 

Ramón Escovar León-EL MINISTERIO PÚBLICO Y LA ACCIÓN PENAL