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EL ARTIFICIO DE LA FLAGRANCIA

Los sistemas autoritarios tratan de esconder su verdadero rostro tras consignas populistas o la manipulación del sistema represivo para servir a los fines del abuso de poder y del control de la ciudadanía.

La cárcel es un instrumento de terror y la amenaza de la pérdida de libertad por la imputación de delitos hace que en un Estado de Derecho se pongan en movimiento todos sus resguardos para que no se produzcan arbitrariedades ni atropellos.

Por ello, tomando en cuenta la máxima protección a la libertad, las Constituciones y Tratados de Derechos Humanos solo permiten su restricción con una orden judicial, salvo el caso de flagrancia, situación excepcional que autoriza a cualquier ciudadano o a un funcionario policial para practicar una detención.

08_EL ARTIFICIO DE LA FLAGRANCIA

La condena del proceso

La historia de las penas es la historia de la crueldad de la humanidad, como dice Ferrajoli, siendo más despiadada la violencia producida por las sanciones penales que la violencia de los hechos delictivos.

Sin duda, los delitos constituyen las infracciones más graves que se pueden llevar a cabo en una sociedad y, por ello, la imposición de las más duras sanciones, una vez acreditado en un proceso que se ha cometido un hecho punible y determinada con certeza la culpabilidad de sus autores y partícipes.

El proceso es un medio y no un fin que persigue esclarecer la verdad de los hechos y precisar las responsabilidades, a través de la justa aplicación del derecho y con absoluto respeto por las garantías del imputado, cuya inocencia se presume, mientras no se pruebe lo contrario a través de una sentencia firme, por lo cual, como regla general, salvo situaciones excepcionales, de evidente riesgo para la actuación de la justicia o de evasión del proceso, ninguna persona imputada o acusada debería quedar restringida en sus derechos o sufrir la pérdida de su libertad.

 

05_LA CONDENA DEL PROCESO

Resquicios de justicia

Ante la realidad que nos ha tocado vivir a los venezolanos, prácticamente sin ley, sin Constitución y sin justicia, aunque tenemos muchas leyes, decretos, reglamentos y providencias, apelamos permanentemente a una carta magna de bolsillo y el Poder Judicial hace intervenciones estelares para apuntalar y sentar pretendidas bases jurídicas del socialismo del siglo XXI, el ciudadano común se encuentra desconcertado, perplejo e indefenso.

Sin duda, resulta imposible hacer efectivo el imperio de la ley y no de los hombres en el marco de un Estado de Derecho que, en su esencia, se propone la preservación de los derechos humanos, siendo así que el objetivo de quienes gobiernan no es otro que la salvaguarda del poder, amparados en la fuerza.

Un Estado de Derecho exige no solo la sujeción formal a las normas, sino la plena vigencia de un sistema de contrapesos que impidan los abusos de quienes han asumido la responsabilidad y la carga de servir a los ciudadanos en ejercicio de las funciones públicas.

04_RESQUICIOS DE JUSTICIA

Violencia de estado y derecho a la vida

¿Hasta dónde puede el Estado ejercer el monopolio de la violencia y cuáles son los derechos que no puede transgredir?

La respuesta a la pregunta planteada tiene que ver con los límites de la violencia en los actos del Estado al defender su seguridad.

Las actuaciones del Estado no pueden tener como finalidad la violencia en sí misma.

La utilización sistemática de la violencia con fines políticos persigue perturbar e impedir el libre ejercicio de los derechos ciudadanos.

La violencia en manos del Estado no es, en principio, peligrosa, ni ilegal y puede estar justificada cuando se ejerce, por ejemplo, contra los supuestos delincuentes. Sin embargo, cuando estos son sometidos, no se les puede causar la muerte.

Lo que hemos vivido esta semana con al caso del ex inspector del Cicpc Oscar Pérez impone una detenida discusión sobre los límites de la violencia del Estado y la violación de los derechos humanos de los ciudadanos.

Ramón Escovar León-VIOLENCIA DE ESTADO Y DERECHO A LA VIDA