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EL PAPA Y LA PENA DE MUERTE

El papa Francisco, hace algunos días, ha hecho pública su declaración de modificar el catecismo de la Iglesia Católica, cuyo texto de 1992 dejaba abierta la posibilidad de admitir la pena de muerte en circunstancias extremas o hechos excepcionales de particular gravedad.

Ya el cardenal Ratzinger había planteado la necesidad de revisar la materia conforme a la doctrina de la Evangelium Vitae de Juan Pablo II.

La Iglesia Católica –en su permanente reflexión, comprometida con los valores y derechos humanos, en defensa de la vida, contra cualquier manifestación de amenaza o puesta en peligro de la dignidad del hombre– ha rectificado la posición sostenida por grandes pensadores como San Agustín o Santo Tomás, quienes defendieron la pena capital como última o extrema ratio para defender a la sociedad y en aras del bien común, por la exigencia de amputar un miembro que no tiene curación, pero que podría contaminar a los demás o por el pretendido efecto disuasivo, de intimidación o de advertencia eficaz para que otros no incurran en graves delitos.08_EL PAPA Y LA PENA DE MUERTE

¿Presos sin proceso?

En la más reciente jornada penitenciaria organizada por el Observatorio Venezolano de Prisiones, con motivo del Día del Recluso, del centenario de Nelson Mandela y aniversario de sus reglas, Marino Alvarado, uno de los ponentes, experto en penitenciarismo, defensor de los derechos humanos y, en particular, en incansable lucha por los encarcelados, añadió a las menciones conocidas de los procesados presos y condenados en prisión, la difusa categoría de los presos sin proceso, esto es, la de ciudadanos aprehendidos y que se encuentran “retenidos” en organismos de seguridad sin ser presentados ante la Fiscalía y tribunales, simplemente, por la decisión arbitraria de funcionarios que actúan al margen de la ley y que, por supuesto, incurren en el delito de privación de libertad con abuso de funciones.

En el pasado, ya no tan reciente, se hacía referencia a los atropellos de cuerpos policiales que practicaban detenciones arbitrarias y que luego, declarado con lugar un habeas corpus y otorgada de inmediato la libertad, se consideraba procedente el enjuiciamiento de los funcionarios. Este era, por lo demás, el firme y reiterado criterio de la Fiscalía General, en la cual, su consultor jurídico por años, el respetado doctor Esteban Agudo Freites, había sentado tan rigurosa y acertada doctrina, seguida institucionalmente por el Ministerio Público.

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