Proyecto de Ley de la Jurisdicción Voluntaria española frente a la Jurisdicción Voluntaria en la legislación venezolana

Proporcionar una definición única de lo que se denomina jurisdicción voluntaria, resultaría un poco atrevido de nuestra parte, debido a que no ha habido un acuerdo en la doctrina respecto al fundamento pues, no existe un carácter absoluto  de la jurisdicción voluntaria, es así como se han expresado y expuesto diferentes opiniones. En este orden de ideas, pueden ser agrupadas en tres grupos, a  saber: el primero de ellos, que consideran que es una actividad notablemente jurisdiccional, el segunda que acogen que es una actividad administrativa designada a los jueces y finalmente los que consideran que es una actividad especial del estado. Diferentes motivo han llevado a las conclusiones anteriormente expuestas, podríamos decir que uno de estos tantos  motivos, es la falta de regulación especial del tema en cuestión y los vacíos  legales que generan  las  pocas normas que existen en el  ordenamiento jurídico respecto a la jurisdicción voluntaria.

Ahora bien, el punto central de nuestro artículo es desarrollar a grandes rasgos, los avances  legislativo que ha tenido la jurisdicción voluntaria en estos dos sistemas jurídicos, mas no la problemática que existe en cuanto la esencia de ésta.

La normativa “bastante completa, aunque no exclusiva” respecto a la jurisdicción voluntaria en el sistema jurídico venezolano se encuentra regulada en el Titulo I de la parte Segunda del libro Cuarto del Código de Procedimiento Civil. Es decir, la materia en cuestión no tiene una regulación especial dentro de nuestro sistema jurídico, sino que esta integrada dentro de las normas adjetivas del texto. La necesidad es la ausencia de lo necesario, la sensación de desbalance, la discrepancia de lo es y el deber ser, por lo que la actividad de órgano legislativo estaría en  identificar las carencias de una determinada materia jurídica  para así impulsar  su  crecimiento armónico y a su vez modernizar de alguna manera u otra  el sistema jurídico, tal como lo señala la exposición de motivos del Proyecto de ley de la Jurisdicción Voluntaria  española “ la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de una ley de Jurisdicción Voluntaria forma parte del proceso general de modernización del sistema positivo de tutela del Derecho Privado iniciado ahora mas de una década”. Vemos que la iniciativa legislativa de querer modernizar o actualizar la materia referida esta  presente desde la exposición final decimoctava de la ley 1/2000 de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil, donde se le encomendaba la tarea al Gobierno de enviar a las Cortes generales un proyecto de ley de Jurisdicción Voluntaria.

En relación a lo anterior y ubicándonos en el plano jurídico venezolano,  la iniciativa legislativa en cuanto a la referida materia no ha tenido la debida actualización que requiere. Según la Exposición de Motivos del Código de procedimiento Civil en comentarios, las normas que se encuentran en éste van dirigidas  “tanto el aspecto procedimental propiamente dicho, como al concepto y los principios mas característicos de la jurisdicción voluntaria”. Esto de alguna manera ha arrastrado cierto grado de inseguridad jurídica, ya que  la jurisprudencia así como  la  doctrina han considerado que existen diversos procedimientos pertenecientes a  la jurisdicción voluntaria pero que  no se encuentran regulados  dentro de la Parte Segunda del Libro Cuarto, por el contrario están establecidos  en capítulos que el Código dedica a regular  los “procedimientos especiales contenciosos”.  No existe por lo tanto una coherencia sistemática del ordenamiento jurídico ni tampoco una iniciativa verdaderamente completa de sustraer de la competencia de los órganos judiciales este tipo de procedimientos, aun  cuando en la Ley de Registro Público y del Notariado  Publicada en Gaceta Oficial  de la República Nº.37.333, del 27 de noviembre de 2001, se designa a los Notarios como “órganos de jurisdicción voluntaria”  con competencia propia en esta función de acuerdo a los artículos 70 y 74. Sin embargo, a nuestro parecer esta no es una regulación especial y completa, ya que las normas existentes en el Código de Procedimiento Civil siguen vigentes hasta tanto no haya una disposición que las derogue. La mencionada  ley fue derogada por la nueva Ley del Registro Público y del Notariado del año 2006, según su disposición derogatoria primera. Ésta nueva Ley  no trajo ninguna modificación en el contenido de los artículos anteriores, solo pasaron a una nueva enumeración que actualmente son los artículos 72 y 75 de la ley, así como tampoco hay una regulación especial del tema.

Con lo anterior se observa que el tema de  la jurisdicción voluntaria en el  sistema venezolano  esta aun incorporada dentro la regulación procesal común. Caso contrario de lo que sucede en la legislación española con la nueva normativa sobre jurisdicción voluntaria que se desprende  de la aprobatoria con fecha 5 de septiembre del  Proyecto de Ley de la Jurisdicción Voluntaria que entrara en vigencia el venidero 15 de julio de 2015. El mencionado proyecto se podría decir que esta bastante completo, debido que se conglomeran  un conjunto de normas de carácter tanto sustantivo como adjetivo en varios ámbitos, por ejemplo, normas de Derecho Internacional Privado en cuanto a la ley aplicable a los expedientes en casos internacionales, competencia internacional y efectos en España de los expedientes y actos acordados por autoridades extranjeras. Es así como se da definitivamente cumplimento a la disposición decimoctava de la ley 1/2000 del 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, separando así la jurisdicción voluntaria de la procesal común, como bien señala su exposición de motivos “su regulación en una ley independiente supone, al mismo tiempo, el reconocimiento de la autonomía conceptual de la jurisdicción voluntaria dentro del conjunto de actividades jurídico-publicas legalmente atribuidas a los tribunales de justicia” así mismo señala que “ a lo largo se su articulado se establecen, instrumentos sencillos, efectivos y adecuados a la realidad social”

Finalmente solo cabe esperar que el interés de regular toda la materia de jurisdicción voluntaria se despierte en el legislador venezolano, estableciendo así todo lo relacionado a las normas sustantivas y adjetivas que existen dentro de la normativa procesal y ahora en la Ley del Registro Público y del Notariado  en una ley autónoma.Tengamos en cuenta que este sector del derecho no ha tenido mucha atención por parte del legislador, aun así, que están en juegos intereses de gran relevancia dentro de la esfera personal y patrimonial de las personas.

 

 

Referencias

Proyecto de Ley de la Jurisdicción Voluntaria española. 

Consideraciones acerca de la naturaleza jurídica de la jurisdicción  voluntaria. SOLIS, Marcos. 

“El escribano y la jurisdicción voluntaria”. REIMUNDIN, Ricardo. 

 

 

 

 

 

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