Derecho Internacional Privado y el Orden Público Internacional

Derecho internacional privado y el orden público internacional

El Derecho Internacional Privado es un derecho formal, que indica cual es la norma material o directa que ha de ser aplicada a los efectos de resolver un caso con elementos foráneos. Es entendible que existen diversos ordenamientos jurídicos en el mundo, potencialmente aplicables a una determinada relación jurídica, la esencia del Derecho Internacional Privado es señalar cual de ellas es la que ha de regir y solucionar el supuesto de hecho.

Es importante destacar de lo anterior tres aspectos importantes. En primer lugar cuando nos referimos a la “norma formal” (también conocida como norma indirecta o mediata), estamos haciendo referencia al carácter principal de esta parte del derecho, es decir, el Derecho Internacional Privado, también conocidas en países como Estados Unidos, Canadá e Inglaterra como “Conflict Of Laws” o “conflicto de leyes”. Esta materia tiene como principal objetivo indicar cuál, entre dos o más ordenamientos jurídicos, es el que se debe regir un “supuesto de hecho”, por lo que remite a un derecho material que se encargara de resolver el asunto en cuestión, creando la posibilidad de que sea el derecho del foro del juez o uno extranjero ( “consecuencia jurídica” ). En segundo lugar, el derecho material es el que va resolver el fondo del asunto, por lo que corresponde a la norma indirecta indicar cual es la legislación aplicable a resolver el supuesto de hecho concreto. También se le conoce a ese tipo de normas como “normas de funcionamiento o auxiliares”, porque coadyuvan con las normas indirectas o formales, pero no pueden ser aplicadas hasta tanto la norma de conflicto no las señale. En tercer lugar, se entiende que una relación jurídica es internacional cuando alguno de los elementos que envuelven el supuesto de hecho a tratar, no pertenece al derecho del foro.

Por lo que el objetivo del Derecho Internacional Privado es hallar el equilibrio  entre la seguridad jurídica y la solución equitativa, lo cual sólo se puede alcanzar por vía de tres mecanismos y que coadyuvan entre si para alcanzar tales propósitos, estos son, el método conflictual, flexibilización del método conflictual y la codificación internacional e interna de las normas de Derecho Internacional Privado.

A) Método plural

La doctrina más autorizada en Venezuela, considera que el juez al momento de valorar y localizar el supuesto de hecho en el ordenamiento jurídico que debe regir el caso concreto, cuya relación jurídica contiene elementos de extranjería, actúa de la siguiente forma, tal como lo señala la praxis jurídica; en primer lugar, revisa si existe en su derecho lo que se denomina ¨normas de aplicación necesaria o de carácter rigurosamente obligatorio¨, criticado arduamente por un sector de la doctrina internacional, por considerar que obstaculiza la aplicación de las “normas de conflicto”; en segundo lugar, de no haber encontrado dichas normas de aplicación necesaria, deberá entonces proceder a verificar si existe una norma material entre las fuentes del Derecho Internacional Privado en su foro que resuelva el caso (considerado también esta parte de método conflictual, como una especie de normas de aplicación necesaria, porque de igual forma, busca excluir la aplicación del la “Lex Causae”); y en última instancia, se procederá a hacer uso de la normas indirectas, que situará al supuesto de hecho en un ordenamiento jurídico, que puede ser el del foro o uno extranjero.

En conclusión, el juez siempre busca en su derecho cuáles son esas normas de aplicación necesaria, después las normas materiales especiales (las de fuentes internacional), y sólo en último caso, acudirá a los normas de conflicto, las cuales señalarán cuál es la legislación o derecho aplicable a los efectos de resolver el asunto en cuestión.

B) Flexibilización del método conflictual

Consiste en la posibilidad que tiene el juez de considerar cuál sería el derecho material que más favorece a la solución del caso concreto, de una forma justa y que sea la solución más equitativa posible del supuesto de hecho, por ello el juez tendrá la ardua obligación de investigar y comparar los potenciales derecho materiales a regir el caso en específico y hallar una solución que atienda los intereses de las partes, evitando lo que por algún tiempo fue una crítica y premisa que se refleja por la expresión del conocido jurista alemán, Leo Raape que reza “la norma de conflicto es un salto a la oscuridad”. Evidentemente, antes no importaba conocer el contenido del derecho aplicable, llegándose algunas veces a soluciones injustas para alguna de las partes.

Un ejemplo de lo anterior, se ve reflejado en nuestra “Ley de Derecho Internacional Privado”, en su artículo 37, el cual consagra el principio “Favor Validitatis”, que permite al juez escoger entre los factores de conexión señalados en esa norma, para darle la validez a un acto jurídico en cuanto a su forma.

C) Codificación internacional e interna de las normas de Derecho Internacional Privado

La idea de poder unificar criterios universales y también regionales sobre el Derecho Internacional Privado, es considerado por parte de la doctrina como un avance en esta materia, más allá de las críticas que han recibido por algún sector, como el hecho de que mientras más derecho unificado, menos Derecho Internacional Privado, argumento que tambien es atacado señalando que sigue siendo Derecho Internacional Privado, pues busca armonizar las normas de las relaciones jurídicas sobre la materia entre los distintos Estados.

En conclusión, con la coadyuvación de los tres elementos anteriormente mencionados para lograr los fines del Derecho Internacional Privado, refuerza su aspecto autónomo e internacional, por lo que defiende la entrada del ordenamiento jurídico extranjero con la solo excepción de las normas imperativas del derecho del foro y los principios del orden público internacional.

Normas imperativas o de aplicación necesaria y el orden público internacional

Es importante señalar que ambas excluyen la aplicación del derecho extranjero para proteger los principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico. La verdadera diferencia estriba en que el juez del foro al momento de determinar que existe una norma de aplicación necesaria en su derecho, no tiene que buscar por ningún método cuál derecho aplica a la relación jurídica, simplemente aplica el derecho del foro, sin dejar posibilidad a la aplicación de la normas de conflicto, en cambio, en el orden público internacional, el juez primero aplica la norma de conflicto para determinar cuál es el derecho aplicable al caso concreto, pero luego debe revisar si tal norma jurídica extranjera (lex causae) es o no compatible con el del derecho foro.
Otra diferencia importante, es que las normas de aplicación necesaria están positivizadas, en cambio, el orden público generalmente no está contenido en normas, pues es muy cambiante la concepción del orden público en el tiempo. Es indudable que ambos buscan proteger los aspectos y principios fundamentales del Estado del que se trate.

El orden Público internacional.

Como bien se ha dicho, el orden público excluye el funcionamiento de la norma de conflicto, cuando ella tenga normas que sean manifiestamente contrarios al ordenamiento jurídico del foro.

El orden público internacional, analiza los principios importantes y fundamentales que gobiernan a los distintos Estados existentes. No existen principios universales para todos los Estados, cada uno establece que es lo verdaderamente importante desde su propia perspectiva, claro que pueden coincidir en algunos casos. Hay autores que consideran que la expresión “orden publico internacional” esta mal dicha, pues tal idea sugiere que hay principios universales para todos los Estados, aspecto que de lo ya expuesto no es viable, porque cada uno desarrolla los principios fundamentales desde su propia óptica, atendiendo a la realidad de su particular entorno, por lo que difícilmente pueden compartir todos los Estados del mundo las mismas necesidades, y por supuesto, el señalamiento de que es lo prioritario.

Los principios amparados por el orden público pueden cambiar en el tiempo, en vista de que dependen de cada Estado y la evolución de sus objetivos e intereses, lo cual amerita su variabilidad en el tiempo, de manera que al momento de determinarse si la “Lex Causae” es incompatible con el derecho del foro, se tomarán en cuenta los principios vigentes para tal momento determinado.

El orden público es flexible, gracias a que representa un juicio de valor que el juez debe realizar, tomando como norte el grado de daño que puede ocasionar la norma extrajera en nuestro derecho, según sea el caso concreto.

El artículo 8 de nuestra ley de derecho internacional privado de 1998, vigente actualmente, reza “Las disposiciones del derecho extranjero  que deban ser aplicables de conformidad con esta Ley, solo serán excluidas cuando su aplicación produzca resultados manifiestamente incompatibles con los principios esenciales del orden público venezolano”

En el plano internacional, fuentes como el Código de Bustamante y la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado, ya se habían referido a esta institución.

La profesora y experta en Derecho Internacional Privado, la Dra. Tatiana Maekelt, decía que “el concepto de orden público internacional es utilizado para designar aquellas leyes o normas territoriales que se aplican con carácter excluyente de cualquier derecho extranjero”, es decir que si se trata de una materia de orden público, el juez aplicará siempre el derecho de su foro.

En la sentencia del 22 de septiembre de 1999, la sala Político administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en ponencia de la magistrada Hildegard Rondon De Sanso, para decidir sobre a eficacia de una sentencia extranjera referente a un divorcio entre un ciudadano venezolano y una ciudadana de los Estados Unidos en nuestro país (Exequotur), en el cual primero pasó, después de determinar su validez por ajustarse al artículo 53 de nuestra Ley de Derecho Internacional Privado, a pronunciarse de la siguiente manera: “Finalmente, esta Sala determina, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 8 de la Ley Derecho Internacional Privado, si la sentencia contiene manifestaciones incompatibles con los principios esenciales del orden  publico venezolano, y al respecto observa que la misma solo contiene disposiciones de derecho privado que de ninguna manera coliden o se hacen incompatibles con los principios esencias del orden publico venezolano”. De manera que, que el juez debe siempre tener presente que lo más importante es ese conjunto de principios que sirven de base de nuestros intereses políticos y sociales, por encima de la eficacia de normas extranjeras en Venezuela.

También podemos rescatar de la referida sentencia, que el juez, de conformidad con el artículo 1 de nuestra ley especial de Derecho Internacional Privado, debe al momento de decidir asuntos con elementos de extranjería, tomar en cuenta el orden de las fuentes sobre la esta rama del derecho, que serían: 1) Normas de Derecho Internacional Público sobre la materia, en especial, los tratados internacionales vigentes en Venezuela, 2) las normas de Derecho Internacional Privado sobre la materia, 3) la analogía y 4) los principios de Derecho Internacional Privado generalmente aceptados.

En el derecho comparado, podemos encontrar ciertas disposiciones similares al de nuestro articulo 8 de nuestra ley de derecho internacional privado, en Argentina, su código civil señala en el artículo 14, en el título I, ¨de las Leyes¨, el cual menciona expresamente que “las leyes extranjeras no serán aplicables cuando se opongan al orden público o criminal de la República, a la religión del Estado, a la tolerancia de cultos, o a la moral y buenas costumbres”

En la legislación del Perú, también podemos apreciar la importancia del orden público, como mecanismo para excluir la aplicación de la Lex Causae, en su código civil, artículo 2049, que reza “Las disposiciones de la ley extranjera pertinentes, según las normas peruanas de Derecho Internacional Privado, serán excluidas sólo cuando su aplicación sea incompatible con el orden público internacional o con las buenas costumbres¨.

Colombia, también dispone entre sus fuentes internas, de preceptos como el señalado hasta ahora, tal caso se configura en el artículo 16 de su código civil que señala, que no podrán derogarse por convenios particulares las leyes en cuya observancia estén interesados el orden público y las buenas costumbres, así como el artículo 6 de su código procesal civil, que expresa que las normas procesales (colombianas) son de orden público”.

Uruguay hace lo mismo, en su código civil, al poner en primacía al orden público.

Es importante hacer la aclaración de que los países mencionados como objeto de este estudio comparativo tienen como parte de sus fuentes internacionales, el código de Bustamante y las convenciones que a partir de 1975 se empezaron a realizar sobre la materia (las convenciones interamericana sobre Derecho Internacional Privado), así como distintos tratados y convenciones que reconocen el Orden Público Internacional.

El estudio realizado, nos muestra que un Estado siempre tiene determinados intereses que debe atender con demasía, por medio de la actuación de los encargados de dirimir controversias, los cuales deben atender estos asuntos concernientes al Orden Público, cuya observancia garantiza un correcto funcionamiento del Estado, para alcanzar sus fines, los cuales son cambiantes en el tiempo, porque estos pueden variar dependiendo de las distintas realidades sociales que los envuelvan, en distintas circunstancias y épocas.

Autor: Centro de Investigaciones Jurídicas.

Referencias:

1.-MADRID MARTINEZ, CLaudia: Artículo 8 de la Ley de Derecho Internacional Privado comentada/Tatiana B. de Maekelt; Ivette Esis Villaroel; Carla Resebde, Coordinadoras.

2.-MAEKELT, Tatiana: Ley venezolana de Derecho Internacional Privado: tres años de su vigencia, Caracas, 2002.

3.-MADRID MARTINEZ, Claudia: La norma de derecho internacional privado/Caracas : Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 2004.

4.-BRILMAYER, Lea: Conflict of Laws; Little, Brown and Company.

5.-MAEKELT, Tatiana: Teoría general de derecho internacional privado, Caracas: Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 2005.

6.-Ley de Derecho Internacional Privado, Gaceta Oficial, 36.511 de fecha 06/08/98.

7.-Código civil de Perú.

8.-Código Civil de Colombia.

9.-Código Civil de Uruguay.

 

1 comentario

  1. Muchas gracias por su publicación, ha sido de gran ayuda para el desarrollo de un trabajo de la Maestría en Derecho Internacional Privado y Comparado de la UCV.

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