Fecha 13 abril, 2018

Violencia de estado y derecho a la vida

¿Hasta dónde puede el Estado ejercer el monopolio de la violencia y cuáles son los derechos que no puede transgredir?

La respuesta a la pregunta planteada tiene que ver con los límites de la violencia en los actos del Estado al defender su seguridad.

Las actuaciones del Estado no pueden tener como finalidad la violencia en sí misma.

La utilización sistemática de la violencia con fines políticos persigue perturbar e impedir el libre ejercicio de los derechos ciudadanos.

La violencia en manos del Estado no es, en principio, peligrosa, ni ilegal y puede estar justificada cuando se ejerce, por ejemplo, contra los supuestos delincuentes. Sin embargo, cuando estos son sometidos, no se les puede causar la muerte.

Lo que hemos vivido esta semana con al caso del ex inspector del Cicpc Oscar Pérez impone una detenida discusión sobre los límites de la violencia del Estado y la violación de los derechos humanos de los ciudadanos.

Ramón Escovar León-VIOLENCIA DE ESTADO Y DERECHO A LA VIDA

Técnica “jurídica” del golpe de estado

En su editorial del 30J el diario Le Monde calificó los hechos ocurridos en Venezuela de “especie de golpe de Estado jurídico”. Señala que el presidente Maduro “tiene el apoyo de la Corte suprema [Tribunal Supremo de Justicia], institución espuria por estar al servicio del régimen”. Y que esta instancia judicial se ha esforzado por despojar a la Asamblea Nacional de sus facultades, y que el propósito de la asamblea nacional constituyente es una “maniobra que no engaña a nadie”.

Pese a que el gobierno de Maduro es de corte marxista-leninista, sus violaciones a la Constitución han recibido un enorme repudio, que incluye gobiernos de distintos tintes ideológicos.

El rechazo a la ANC es general y solo la respalda un sector militar y el TSJ. Su fuerza no proviene de una indiscutible voluntad general sino del miedo que genera la represión, tanto militar como jurídica.

Venezuela está frente a una modalidad de golpe de Estado inédita.

Ramón Escovar León-TÉCNICA

La muerte civil de los abogados

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia escribió en su cuenta de Twitter el 25 de julio una advertencia al gremio de abogados que no puede pasar inadvertida. Dice así el tuit: “Considero que abogados que desconocen al TSJ deben estar impedidos permanentemente de actuar en instancias judiciales”.

Esto implica una sanción no prevista en la ley, con la cual se pretende violar el derecho al trabajo -previsto en el artículo 87 de la Constitución- de los abogados que expresan una determinada posición política. Se trata, además, de una discriminación inconstitucional que afecta a un sector de la población.

Los abogados que disientan del gobierno están amenazados a ser condenados -de forma previa y sin debido proceso- a la muerte civil, es decir, a la pérdida de sus derechos civiles y constitucionales por razones políticas.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia debe explicar a la comunidad jurídica nacional e internacional los fundamentos jurídicos de su afirmación.

El Poder Judicial no está para decretar la muerte civil de los abogados que expresen su oposición al gobierno.

Por lo tanto no hay seguridad jurídica en un régimen que amenaza con la muerte civil a sus abogados por razones políticas e ideológicas.

Ramón Escovar León-LA MUERTE CIVIL DE LOS ABOGADOS

La constituyente del fracaso

El paraíso prometido por el modelo militarista-populista-revolucionario solo ha traído miseria, hambre, corrupción, hampa y represión lo que se evidencia en la vida cotidiana.

La única verdad que existe es la que ellos defienden y el que se oponga es un “traidor a la patria” o “agente del imperio”, que debe ser descalificado.

La arrogancia les impide ver la verdad y los despoja de la necesaria la atribuyen a los demás. Como la verdad les pertenece, hay que defenderla hasta “con las armas” y “como sea”, aunque tengan que reprimir a mansalva. Es la combinación explosiva de militarismo con marxismo-leninismo.

Esta falta de conexión con la verdad quedó evidenciada con la consulta popular realizada el pasado 16J, que demostró al mundo la vocación democrática de la mayoría de los venezolanos.

Basta señalar las declaraciones de la presidente del Consejo Nacional Electoral restándole valor a tan importante hecho político.

Esto demuestra que el CNE y su presidente no respetan las reglas y protocolos de la democracia.

La participación de 7.535.259 electores que expresaron su opinión muestra una cifra que evidencia el éxito de la consulta, y que la mayoría rechaza la constituyente. esto se añade que la impecable organización evidencia la capacidad de la sociedad civil para organizarse, y su sentido de compromiso con la libertad y la democracia. La sociedad civil es más ágil y eficiente que la pesada y lenta burocracia del organismo electoral venezolano.

Esperamos que el presidente Maduro reflexione con humildad y serenidad para que cancele su constituyente, que solo puede garantizar más fracaso, más miseria y menos libertad. Es lo que Venezuela se merece.

Ramón Escovar León-LA CONSTITUYENTE DEL FRACASO

La Fiscal: de cara a la destrucción de la justicia constitucional

La nueva posición de la fiscal general de la república desnuda el estado de sumisión del Poder Judicial ante el poder político.. En el campo del derecho, este es un tema importante, y para eso existe la revocación que permite dejar sin efectos actos jurídicos.

En este iter hay que agregar que, para sortear el nuevo obstáculo representado por la Fiscalía en la persecución de los opositores, se diseñó la opción de la justicia militar con la finalidad de enjuiciar civiles, pese al repudio que tiene esta medida en las democracias. La justicia militar es solo para militares en ejercicio.

La justicia venezolana fue sometida ahora a una nueva prueba con la solicitud de aclaratoria de la “sentencia” 378 de la Sala Constitucional; y con el recurso contencioso electoral de nulidad ante la Sala Electoral, con un amparo subsidiario.

Bueno es recordar que esta Sala Electoral tiene en su seno a magistrados exprés, aquellos “elegidos” el 23 de diciembre de 2015, cuando la AN de la época, que estaba pronta a ser sustituida, irrespetando las reglas de la democracia, hizo estos nombramientos.

Todo esto demuestra que el TSJ ha cerrado las puertas de la justicia al pueblo de Venezuela.

Ramón Escovar León-LA FISCAL

El Ministerio Público y la Acción Penal

Entre las atribuciones del Ministerio Público está velar por el respeto a los derechos humanos, ser el garante de la legalidad y ejercer la titularidad de la acción penal, tal como lo postula el artículo 282 de la Constitución de Venezuela.

La titularidad de la acción penal en los delitos de acción pública corresponde a la Fiscalía, tal como lo señalan el artículo 11 del Código Orgánico Procesal Penal y el artículo 285 de la Constitución (ordinal 4).  Esto adquiere relevancia, porque en los actuales momentos esta titularidad es perturbada por instituciones ajenas a esta materia, como la Procuraduría General de la República Lo mismo ocurre con los venezolanos aprehendidos por los órganos de seguridad del Estado como el Sebin, órganos de seguridad del Estado están usurpando funciones que corresponden al Ministerio Público y, con ello, violan la Constitución y el COPP,

Para consolidar esta situación inconstitucional, aparece la utilización de la justicia penal militar para enjuiciar a civiles que protestan pacíficamente. La justicia militar queda reservada únicamente a los militares en funciones, Privar de libertad a un civil al amparo de un juicio militar equivale a detención arbitraria., lo que es característico de dictaduras.

 

Ramón Escovar León-EL MINISTERIO PÚBLICO Y LA ACCIÓN PENAL