Fecha 13 abril, 2018

Violencia de estado y derecho a la vida

¿Hasta dónde puede el Estado ejercer el monopolio de la violencia y cuáles son los derechos que no puede transgredir?

La respuesta a la pregunta planteada tiene que ver con los límites de la violencia en los actos del Estado al defender su seguridad.

Las actuaciones del Estado no pueden tener como finalidad la violencia en sí misma.

La utilización sistemática de la violencia con fines políticos persigue perturbar e impedir el libre ejercicio de los derechos ciudadanos.

La violencia en manos del Estado no es, en principio, peligrosa, ni ilegal y puede estar justificada cuando se ejerce, por ejemplo, contra los supuestos delincuentes. Sin embargo, cuando estos son sometidos, no se les puede causar la muerte.

Lo que hemos vivido esta semana con al caso del ex inspector del Cicpc Oscar Pérez impone una detenida discusión sobre los límites de la violencia del Estado y la violación de los derechos humanos de los ciudadanos.

Ramón Escovar León-VIOLENCIA DE ESTADO Y DERECHO A LA VIDA

Técnica “jurídica” del golpe de estado

En su editorial del 30J el diario Le Monde calificó los hechos ocurridos en Venezuela de “especie de golpe de Estado jurídico”. Señala que el presidente Maduro “tiene el apoyo de la Corte suprema [Tribunal Supremo de Justicia], institución espuria por estar al servicio del régimen”. Y que esta instancia judicial se ha esforzado por despojar a la Asamblea Nacional de sus facultades, y que el propósito de la asamblea nacional constituyente es una “maniobra que no engaña a nadie”.

Pese a que el gobierno de Maduro es de corte marxista-leninista, sus violaciones a la Constitución han recibido un enorme repudio, que incluye gobiernos de distintos tintes ideológicos.

El rechazo a la ANC es general y solo la respalda un sector militar y el TSJ. Su fuerza no proviene de una indiscutible voluntad general sino del miedo que genera la represión, tanto militar como jurídica.

Venezuela está frente a una modalidad de golpe de Estado inédita.

Ramón Escovar León-TÉCNICA

La muerte civil de los abogados

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia escribió en su cuenta de Twitter el 25 de julio una advertencia al gremio de abogados que no puede pasar inadvertida. Dice así el tuit: “Considero que abogados que desconocen al TSJ deben estar impedidos permanentemente de actuar en instancias judiciales”.

Esto implica una sanción no prevista en la ley, con la cual se pretende violar el derecho al trabajo -previsto en el artículo 87 de la Constitución- de los abogados que expresan una determinada posición política. Se trata, además, de una discriminación inconstitucional que afecta a un sector de la población.

Los abogados que disientan del gobierno están amenazados a ser condenados -de forma previa y sin debido proceso- a la muerte civil, es decir, a la pérdida de sus derechos civiles y constitucionales por razones políticas.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia debe explicar a la comunidad jurídica nacional e internacional los fundamentos jurídicos de su afirmación.

El Poder Judicial no está para decretar la muerte civil de los abogados que expresen su oposición al gobierno.

Por lo tanto no hay seguridad jurídica en un régimen que amenaza con la muerte civil a sus abogados por razones políticas e ideológicas.

Ramón Escovar León-LA MUERTE CIVIL DE LOS ABOGADOS

La constituyente del fracaso

El paraíso prometido por el modelo militarista-populista-revolucionario solo ha traído miseria, hambre, corrupción, hampa y represión lo que se evidencia en la vida cotidiana.

La única verdad que existe es la que ellos defienden y el que se oponga es un “traidor a la patria” o “agente del imperio”, que debe ser descalificado.

La arrogancia les impide ver la verdad y los despoja de la necesaria la atribuyen a los demás. Como la verdad les pertenece, hay que defenderla hasta “con las armas” y “como sea”, aunque tengan que reprimir a mansalva. Es la combinación explosiva de militarismo con marxismo-leninismo.

Esta falta de conexión con la verdad quedó evidenciada con la consulta popular realizada el pasado 16J, que demostró al mundo la vocación democrática de la mayoría de los venezolanos.

Basta señalar las declaraciones de la presidente del Consejo Nacional Electoral restándole valor a tan importante hecho político.

Esto demuestra que el CNE y su presidente no respetan las reglas y protocolos de la democracia.

La participación de 7.535.259 electores que expresaron su opinión muestra una cifra que evidencia el éxito de la consulta, y que la mayoría rechaza la constituyente. esto se añade que la impecable organización evidencia la capacidad de la sociedad civil para organizarse, y su sentido de compromiso con la libertad y la democracia. La sociedad civil es más ágil y eficiente que la pesada y lenta burocracia del organismo electoral venezolano.

Esperamos que el presidente Maduro reflexione con humildad y serenidad para que cancele su constituyente, que solo puede garantizar más fracaso, más miseria y menos libertad. Es lo que Venezuela se merece.

Ramón Escovar León-LA CONSTITUYENTE DEL FRACASO

La Fiscal: de cara a la destrucción de la justicia constitucional

La nueva posición de la fiscal general de la república desnuda el estado de sumisión del Poder Judicial ante el poder político.. En el campo del derecho, este es un tema importante, y para eso existe la revocación que permite dejar sin efectos actos jurídicos.

En este iter hay que agregar que, para sortear el nuevo obstáculo representado por la Fiscalía en la persecución de los opositores, se diseñó la opción de la justicia militar con la finalidad de enjuiciar civiles, pese al repudio que tiene esta medida en las democracias. La justicia militar es solo para militares en ejercicio.

La justicia venezolana fue sometida ahora a una nueva prueba con la solicitud de aclaratoria de la “sentencia” 378 de la Sala Constitucional; y con el recurso contencioso electoral de nulidad ante la Sala Electoral, con un amparo subsidiario.

Bueno es recordar que esta Sala Electoral tiene en su seno a magistrados exprés, aquellos “elegidos” el 23 de diciembre de 2015, cuando la AN de la época, que estaba pronta a ser sustituida, irrespetando las reglas de la democracia, hizo estos nombramientos.

Todo esto demuestra que el TSJ ha cerrado las puertas de la justicia al pueblo de Venezuela.

Ramón Escovar León-LA FISCAL

El Ministerio Público y la Acción Penal

Entre las atribuciones del Ministerio Público está velar por el respeto a los derechos humanos, ser el garante de la legalidad y ejercer la titularidad de la acción penal, tal como lo postula el artículo 282 de la Constitución de Venezuela.

La titularidad de la acción penal en los delitos de acción pública corresponde a la Fiscalía, tal como lo señalan el artículo 11 del Código Orgánico Procesal Penal y el artículo 285 de la Constitución (ordinal 4).  Esto adquiere relevancia, porque en los actuales momentos esta titularidad es perturbada por instituciones ajenas a esta materia, como la Procuraduría General de la República Lo mismo ocurre con los venezolanos aprehendidos por los órganos de seguridad del Estado como el Sebin, órganos de seguridad del Estado están usurpando funciones que corresponden al Ministerio Público y, con ello, violan la Constitución y el COPP,

Para consolidar esta situación inconstitucional, aparece la utilización de la justicia penal militar para enjuiciar a civiles que protestan pacíficamente. La justicia militar queda reservada únicamente a los militares en funciones, Privar de libertad a un civil al amparo de un juicio militar equivale a detención arbitraria., lo que es característico de dictaduras.

 

Ramón Escovar León-EL MINISTERIO PÚBLICO Y LA ACCIÓN PENAL

Neoconstitucionalismo y anticonstitucionalismo

En el neconstitucionalismo la norma constitucional se interpreta sobre la base de la ponderación de principios. Independientemente de que se lleva a cabo de esta manera o no, es lo que defiende esta corriente que es la que caracteriza al sistema constitucional colombiano y también al venezolano (aunque este último haya sido distorsionado por la visión marxista del Derecho).

Al socaire de una supuesta interpretación constitucional, la norma se ha vaciado de contenido para colocarnos ante un gobierno de facto, sin elecciones, sin la garantía de los derechos humanos, sin independencia de poderes y bajo la amenaza de una constituyente simulada.

La situación venezolana convierte al “constitucionalismo revolucionario” en un concepto degradado porque, en lugar de potenciar los derechos fundamentales de los ciudadanos, la igualdad, la libertad, las elecciones y la separación de poderes, los fulmina groseramente. Es simplemente el anticonstitucionalismo.

Ramón Escovar León-NEOCONSTITUCIONALISMO Y ANTICONSTITUCIONALISMO

El Führer crea derecho

“El Führer protege el derecho de su peor abuso cuando, en el instante de peligro y por obra de su liderazgo, como supremo señor de los tribunales crea derecho de modo inmediato”. Son palabras del jurista alemán Carl Schmitt en un artículo publicado en el año 1934.

Schmitt entiende el juego político a través de la teoría “amigo-enemigo”. En el esquema nazi el enemigo principal era el judaísmo. Esto explica que la relación que mantuvo este jurista con el gran maestro de la época, el vienés Hans Kelsen, se fue deteriorando en la medida en que Schmitt se inclinaba hacia el nazismo;

Una de las visiones más opuestas de estos juristas es la relativa al tema sobre el garante de la Constitución que tenían Kelsen y Schmitt. Para el primero, esta labor correspondía al Tribunal Constitucional (en Venezuela tenemos una Sala Constitucional); para el segundo, era competencia del jefe del Estado.

Cuando se habla del defensor de la Constitución, en cualquiera de sus modalidades, se piensa en una instancia democrática independiente desligada de elementos ideológicos o políticos.

Ramón Escovar León-EL FÜHRER CREA DERECHO

Misión justicia socialista y estado comunal

El artículo 2 de la Constitución señala que “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia”. Los valores democráticos que sustentan este tipo de modelo son, entre otros, “la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”. A pesar de la claridad de la norma constitucional, el decreto número 2.718 de fecha 7.02.2017 que crea la “Misión Justicia Socialista”,  va en contra de los valores proclamados en la Constitución, porque privilegia solo a los intereses del “socialismo” y de un sector ideológico y político.

El decreto se fundamenta en una democracia socialista, pese a que el texto constitucional en ningún lugar especifica que el Estado venezolano se constituye, o debe constituirse, como una “democracia socialista”.

La “Misión justicia socialista” se relaciona con la idea del Estado comunal y con el “Plan de la Patria” que recoge la propuesta de la reforma constitucional repudiada por la población en el referéndum constitucional del año 2009.

Bajo este manto conceptual aparecen, entre otras, las ideas de socialismo, las leyes del “Poder Popular” y el Estado comunal. Ahora bien, todo eso tiene como propósito establecer una sociedad comunista “como sea”. Pretende crear una “justicia” paralela y excluyente que está reñida con nuestra Carta Magna. Esto, además de ser inconstitucional, lo que busca realmente es acabar con el Derecho privado.

El modelo de “justicia” que se busca crear constituye un complemento al esquema de dominación política e ideológica que viene desarrollando la Sala Constitucional, pero ahora más radical.

Ramón Escovar León-MISIÓN JUSTICIA SOCIALISTA Y ESTADO COMUNAL

La idea del derecho en la jurisprudencia de la Sala Constitucional

La evolución de las sentencias de la Sala Constitucional a favor del proyecto revolucionario ha ido en franco deterioro. Los más recientes veredictos, preparados con una rapidez vertiginosa, además de ramplones, padecen de fallas lingüísticas y metodológicas: están salpicados de transcripciones y citas textuales que no guardan conexión con lo que se pretende razonar.

Lo que pone de relieve que ahora lo que les interesa es apoyar al gobierno sin miramientos metodológicos o lingüísticos, es decir, que el derecho está al servicio de la “revolución” a través de la jurisprudencia autoritaria. Para ello han extendido la idea del derecho y no se limita a la norma jurídica y a los principios jurídicos sino a cualquier argumento político o ideológico que permita sostener un plan socialista recogido en el “plan de la patria”.

 

Ramón Escovar León-LA IDEA DEL DERECHO EN LA JURISPRUDENCIA DE LA SALA CONSTITUCIONAL