Fecha 27 abril, 2017

La usurpación definitiva de las funciones de la Asamblea Nacional por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia al asumir el poder absoluto del Estado.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia No 156 de fecha 29 de marzo de 20171 decidió en un solo día, un recurso de interpretación que habían intentado el día anterior, el 28 de marzo de 2017, los apoderados de la Corporación Venezolana del Petróleo, SA (CVP), empresa filial de Petróleos de Venezuela, S.A. PDVSA, referido específicamente al artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que regula la aprobación previa de la Asamblea Nacional para la constitución de empresas mixtas en el sector de la industria petrolera. La Sala, considerando que como la Asamblea Nacional no podía funcionar por estar la mayoría de los diputados que la componen en situación de desacato de sentencias anteriores, constituyendo ello una supuesta omisión inconstitucional legislativa, no podía entonces ejercer de facto las facultades previstas en dicha norma.

En consecuencia, la Sala Constitucional, en su sentencia, dando sin duda un golpe de Estado, resolvió que “mientras persista la situación de desacato y de invalidez por parte de la Asamblea Nacional,” procedía a asumir de pleno derecho, inconstitucionalmente, la totalidad de las competencias de la Asamblea, y en consecuencia, a ejercer directamente todas las competencias parlamentarias de la misma.

Con esta sentencia se ha procedido a realizar un nuevo y quizás definitivo vaciamiento de las competencias de la Asamblea Nacional, por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo.

doc. Brewer. Usurpación definitriva funciones AN por al Sala Const. Sent 156 SC 29.3

La consolidación de la dictadura judicial: la Sala Constitucional, en un juicio sin proceso, usurpó todos los poderes del Estado, decretó inconstitucionalmente un Estado de Excepción y eliminó la inmunidad parlamentaria.

Con la sentencia No 155 de 27 de marzo de 2017, dictada por la Sala Constitucional, anulando el Acuerdo de la Asamblea Nacional sobre la “Reactivación del Proceso de Aplicación de la Carta Interamericana de la OEA, como mecanismo de resolución pacífica de conflictos para restituir el orden constitucional en Venezuela”, puede decirse que en Venezuela se ha consolidado definitivamente una dictadura judicial conducida por el Tribunal Supremo de Justicia, actuando y dictando sentencias arbitrarias, sin importarle lo que pueda decir la Constitución o la ley, sin respetar las formas procesales constitucionales ni legales, y violando todos los principios más elementales del derecho y del proceso.

La Sala Constitucional desarrolló un “juicio” de nulidad de un acto parlamentario, sin proceso alguno, y por tanto, sin contradictorio, violando las reglas más elementales del debido proceso, dictando medidas cautelares de oficio después de que el juicio había terminado. En dichas “medidas cautelares,” entre otras decisiones, procedió a ordenarle al Presidente de la República a comenzar a gobernar “formal” y abiertamente violando la Constitución, para lo cual “decretando” inconstitucionalmente un Estado de Excepción, le otorgó una especie de “patente de corso,” ignorara lo que podía quedar del ordenamiento jurídico y decidiera también como le venga en gana.

Finalmente, en la sentencia dictada, en un juicio sin proceso, la Sala Constitucional, violando el principio dispositivo que consagra la propia Ley que la rige, decidió iniciar un juicio para el “control innominado de la constitucionalidad” de no se sabe que actos, además eliminó la inmunidad parlamentaria de la mayoría de los diputados electos en diciembre de 2015.

 

doc. Brewer. Consolidación dictadura judicial. Sentencia 155 SC 27 marzo 2017