Opinión Jurídica

Tribunales permanentes y árbitros

La situación procesal en la mayoría de los países es la dualidad de organismos que ostentan la facultad de decidir las controversias, o mejor aún, de declarar la voluntad concreta de la ley, bien para un caso controversial, o bien, en una situación en la cual el interés general persigue una definición auténtica.

La entidad judicial internacional más importante de todas es la Corte de Justicia Internacional de La Haya, recientemente, ha estado sometida a una investigación que le imputa a varios de sus jueces el haber formado parte de tribunales arbitrales a pesar de la prohibición que su Estatuto establece

La comunidad jurídica internacional ha quedado sorprendida ante el hecho de que jueces tan prestigiosos hubiesen violado la regla estatutaria.

Con la presente noticia se debilita aún más la credibilidad en la justicia internacional, por cuanto el juez de la Corte de La Haya, que esté presente en un arbitraje ante el CIADI o ante la Cámara de Comercio Internacional, en la cual lo que fundamentalmente está presente no es el interés jurídico, sino los grandes objetivos económicos de las empresas transnacionales.

Hildegard Rondón de Sansó-TRIBUNALES PERMANENTES Y ÁRBITROS

 

Sentencia política

En efecto, la jurisdicción constitucional en nuestro sistema, puede ejercerse en forma difusa, entendiéndose por tal la que corresponde a todos los jueces de la República que deban decidir una causa en la cual la norma legal se contradiga con una norma constitucional o bien, cuando se solicite amparo contra la situación creada por una norma.

Igualmente puede manifestarse en forma concentrada, es el que se realiza sólo a través de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

El carácter de las decisiones de los tribunales constitucionales, evidencia que ellos son tribunales políticos y sus sentencias son políticas. Es política por la materia que ha de conocer y los efectos de su decisión, no porque haya de sustituir la razón del Derecho por ninguna otra.

Las recogías en el presente artículo son las reglas más sencillas pero al mismo tiempo más eficientes de la jurisdicción constitucional que, no solo figuran en el propio Texto Fundamental, sino que son siempre reiteradas por los grandes tratadistas del Derecho Constitucional.

Hidelgard Rondón De Sansó-SENTENCIA POLÍTICA

La gran sorpresa.

El Jefe de Estado le anunció al país que el 1 de mayo, “Día Internacional del Trabajo”, le tendría una “gran sorpresa”.

Desde la vigencia de la Constitución actual, hemos venido señalando en diferentes artículos, conferencias y estudios, que el haber consagrado la figura de la Asamblea Nacional Constituyente, significó para el creador del sistema un auténtico “autogol”, es decir, una puñalada en contra de los principios que erigiera en la Constitución Bolivariana promulgada en 1999.

Para hacer una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, además del sometimiento a una supuesta normativa, tiene que existir una razón real, objetiva, histórica que la justifique. No es posible que un gobierno que ha proclamado su atención y obediencia a la Constitución actual, fruto de las ideas del líder máximo que lo propiciara, de pronto declare que ese régimen debe ser transformado totalmente (transformar al Estado) y que esa normativa debe ser modificada por un nuevo régimen que tenga lineamientos totalmente diferentes,

Uno se pregunta ¿cuál es la razón de una medida que en forma alguna puede dar beneficio al Estado?

Es indudable que el artículo 349 está pensado para una Asamblea Constituyente que ha elaborado ya una nueva Constitución contra la cual, no pueden operar las fuerzas anteriormente existentes, pero esta interpretación que es la más lógica, no será́ justamente la que se aplicará para una Asamblea que, al constituirse, apagará el derecho del ejercicio de poderes pre-constituidos que están destinados a desaparecer.

Hildegard Rondón de Sansó-LA GRAN SORPRESA

El derecho del pueblo de participar en las Reformas de la constitución es el signo más Característico de la democracia participativa que No puede ser arrebatado por los gobernantes

Uno de los signos más característico de la Constitución de 1999, es el haber establecido un régimen de democracia representativa y participativa del pueblo establecido en su artículo 5, el cual le garantiza como derecho su participación para que pueda efectuarse una reforma a la Constitución.

La representatividad y la participación política, conforme a la Constitución, son derechos ciudadanos que no pueden ser eliminados ni arrebatados por los gobernantes, y menos cuando se trata de una reforma constitucional.

Por lo tanto, no puede pretenderse pasar a la elección de una asamblea nacional constituyente sin que el pueblo haya previamente aprobado mediante referendo la convocatoria de la asamblea nacional constituyente.

155.-doc.-Brewer.-REFERENDO-OBLIGATORIO-PREVIO-PARA-CONVOCAR-ANC-3-5-2017

El fin del Poder Legislativo: La regulación por el Juez Constitucional del régimen interior y de debates de la Asamblea Nacional, y la sujeción de la función legislativa de la Asamblea a la aprobación previa por parte del Poder Ejecutivo

Señalo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, mediante sentencia No. 269 de 21 de abril de 2016, lo  contentivo de medidas cautelares dictadas de oficio con ocasión de un juicio de nulidad intentado contra el reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, ha dado el golpe final contra ésta, eliminando su autonomía, y sujetando el ejercicio de su función legislativa a la obtención del visto bueno de parte del Ejecutivo nacional.

Brewer. EL FIN DEL PODER LEGISLATIVO. SC. mayo 2016

La Anulación de la Ley de Amnistía por la Sala Constitucional. O la ejecución de la sentencia de muerte dictada contra la Asamblea Nacional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, declaró la inconstitucionalidad de la totalidad del articulado de Ley de
Amnistía y Reconciliación Nacional que había sancionado la Asamblea Nacional mediante sentencia No. 264 de 11 de abril de 2016. Así mismo con esta sentencia, el Juez Constitucional puso fin a la posibilidad del ejercicio de uno de los privilegios más exclusivos y tradicionales de cualquier órgano legislativo, que en Venezuela ejerció legítima y constitucionalmente la Asamblea Nacional.

BREWER. Anulación Ley de Amnistía 2016

La usurpación definitiva de las funciones de la Asamblea Nacional por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia al asumir el poder absoluto del Estado.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia No 156 de fecha 29 de marzo de 20171 decidió en un solo día, un recurso de interpretación que habían intentado el día anterior, el 28 de marzo de 2017, los apoderados de la Corporación Venezolana del Petróleo, SA (CVP), empresa filial de Petróleos de Venezuela, S.A. PDVSA, referido específicamente al artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que regula la aprobación previa de la Asamblea Nacional para la constitución de empresas mixtas en el sector de la industria petrolera. La Sala, considerando que como la Asamblea Nacional no podía funcionar por estar la mayoría de los diputados que la componen en situación de desacato de sentencias anteriores, constituyendo ello una supuesta omisión inconstitucional legislativa, no podía entonces ejercer de facto las facultades previstas en dicha norma.

En consecuencia, la Sala Constitucional, en su sentencia, dando sin duda un golpe de Estado, resolvió que “mientras persista la situación de desacato y de invalidez por parte de la Asamblea Nacional,” procedía a asumir de pleno derecho, inconstitucionalmente, la totalidad de las competencias de la Asamblea, y en consecuencia, a ejercer directamente todas las competencias parlamentarias de la misma.

Con esta sentencia se ha procedido a realizar un nuevo y quizás definitivo vaciamiento de las competencias de la Asamblea Nacional, por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo.

doc. Brewer. Usurpación definitriva funciones AN por al Sala Const. Sent 156 SC 29.3

La consolidación de la dictadura judicial: la Sala Constitucional, en un juicio sin proceso, usurpó todos los poderes del Estado, decretó inconstitucionalmente un Estado de Excepción y eliminó la inmunidad parlamentaria.

Con la sentencia No 155 de 27 de marzo de 2017, dictada por la Sala Constitucional, anulando el Acuerdo de la Asamblea Nacional sobre la “Reactivación del Proceso de Aplicación de la Carta Interamericana de la OEA, como mecanismo de resolución pacífica de conflictos para restituir el orden constitucional en Venezuela”, puede decirse que en Venezuela se ha consolidado definitivamente una dictadura judicial conducida por el Tribunal Supremo de Justicia, actuando y dictando sentencias arbitrarias, sin importarle lo que pueda decir la Constitución o la ley, sin respetar las formas procesales constitucionales ni legales, y violando todos los principios más elementales del derecho y del proceso.

La Sala Constitucional desarrolló un “juicio” de nulidad de un acto parlamentario, sin proceso alguno, y por tanto, sin contradictorio, violando las reglas más elementales del debido proceso, dictando medidas cautelares de oficio después de que el juicio había terminado. En dichas “medidas cautelares,” entre otras decisiones, procedió a ordenarle al Presidente de la República a comenzar a gobernar “formal” y abiertamente violando la Constitución, para lo cual “decretando” inconstitucionalmente un Estado de Excepción, le otorgó una especie de “patente de corso,” ignorara lo que podía quedar del ordenamiento jurídico y decidiera también como le venga en gana.

Finalmente, en la sentencia dictada, en un juicio sin proceso, la Sala Constitucional, violando el principio dispositivo que consagra la propia Ley que la rige, decidió iniciar un juicio para el “control innominado de la constitucionalidad” de no se sabe que actos, además eliminó la inmunidad parlamentaria de la mayoría de los diputados electos en diciembre de 2015.

 

doc. Brewer. Consolidación dictadura judicial. Sentencia 155 SC 27 marzo 2017

 

La sentencia de muerte Poder Legislativo Venezuela. El cinismo de la Sala Constitucional y la inconstitucional pretensión de controlar la actividad política de la Asamblea Nacional al reformar la Ley del Banco Central de Venezuela

Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia donde declaran inconstitucional la reforma del Banco Central de Venezuela.

 

Brewer. La sentencia de muerte de la Asamblea Nacional. Caso nulidad Ley BCV. 3-2016 (1) (1)

Arrendamiento de bienes no es gravable con el impuesto sobre actividades económicas (Joaquín Dongoroz Porras)

Según lo dispuesto en el artículo 205 dela Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM), el hecho imponible del impuesto sobre actividades económicas de industria, comercio, servicios o de índole similar (ISAE), es el ejercicio habitual, en forma independiente, a título oneroso, dentro del territorio de un municipio. » Leer completo..